El informe Perspectivas Económicas de América Latina (LEO) analiza cuestiones críticas relativas al desarrollo sostenible e inclusivo en América Latina y el Caribe (ALC). Desde su primera edición en noviembre de 2007, este informe anual compara el desempeño de ALC con el de otras regiones, analiza los principales retos en materia de desarrollo y plantea recomendaciones, experiencias y buenas prácticas para la elaboración de políticas públicas.

Los países de América Latina y el Caribe (ALC) enfrentan una difícil situación. Justo cuando la región estaba logrando después de la pandemia una mejora del crecimiento, las actuales presiones inflacionarias y las fuertes tensiones geopolíticas están poniendo trabas a la recuperación regional. Paralelamente, ALC se enfrenta al reto de implementar estrategias ambiciosas de adaptación y mitigación para hacer frente a la emergencia climática, al mismo tiempo que acelerar el ritmo de progreso social, económico e institucional, todo ello dentro de un espacio fiscal reducido.

Los países de la región de América Latina y el Caribe (ALC) tienen ante sí una ambiciosa agenda para garantizar que la transición verde sea una oportunidad para potenciar el desarrollo de la región. Las consecuencias de la pandemia del COVID-19 y de la guerra entablada por Rusia contra Ucrania han servido de recordatorio de la débil capacidad de respuesta de ALC a las crisis. Dicha vulnerabilidad es fruto de los problemas estructurales de la región: débiles sistemas de protección social, baja productividad, frágiles instituciones y un modelo de desarrollo que no es sostenible medioambientalmente. Una transición verde y justa implementada con una visión sistémica podría ayudar a la región a superar sus “trampas” de desarrollo y a reforzar su resiliencia, mejorando a su vez el bienestar de los latinoamericanos. ALC está muy expuesta a los efectos del cambio climático, por lo que los gobiernos deberían ver en la recuperación una oportunidad estratégica para emprender una transformación amplia y profunda.

América Latina y el Caribe (ALC) tienen ante sí un gran desafío y una gran oportunidad: la de embarcarse en una transición verde que permita avanzar hacia un desarrollo más justo y sostenible y hacia un mayor bienestar para la ciudadanía. Para ello, será necesario adoptar una agenda ambiciosa de políticas públicas, en un contexto regional y global complejo. Una transición verde que sea justa debe venir acompañada de políticas que permitan transformar las matrices energéticas y productivas en la región, promoviendo el desarrollo de nuevos sectores económicos más sostenibles que permitan la creación de empleos de calidad, apoyando en particular a aquellos trabajadores y hogares que puedan verse afectados negativamente en el proceso de transición. Para hacer posible esa transición verde y justa, será necesario movilizar cuantiosos recursos financieros. Esto implica repensar los sistemas tributarios y la política fiscal en general, así como el desarrollo de nuevas herramientas y estándares para fortalecer las finanzas verdes. Finalmente, una transición verde y justa exigirá alcanzar amplios consensos entre los diferentes grupos de ingresos, las generaciones y los territorios, en torno a un nuevo contrato social en el que la sostenibilidad sea un eje central. Igualmente, avanzar en esa transición verde requerirá repensar y reforzar las alianzas a nivel regional e internacional.

La recuperación económica que siguió a la crisis del coronavirus (COVID-19) en América Latina y el Caribe (ALC) se está ralentizando, y ello refleja un bajo crecimiento potencial y una coyuntura internacional cada vez más compleja, marcada por la guerra de Rusia contra Ucrania y una desaceleración económica en China. Las consecuencias socioeconómicas del COVID-19 persisten, y la pobreza y la pobreza extrema siguen siendo elevadas. Al haberse reducido el margen de maniobra de las políticas macroeconómicas (fiscal y monetaria), la mayoría de los países de ALC se enfrentarán al reto de lograr un equilibrio entre el estímulo a la recuperación, el financiamiento de la transición verde y la protección de los más vulnerables, en especial frente al impacto de las presiones inflacionarias. Tras analizar la coyuntura mundial, este capítulo presenta el desempeño económico de ALC, así como los factores fundamentales que afectan al ritmo y las características de la recuperación en la región. A continuación, el capítulo examina el peso del cambio climático en las finanzas públicas y explora algunas opciones para movilizar más recursos con el fin de promover la transición verde. Antes de concluir, el capítulo aborda el deterioro de las condiciones sociales tras la crisis del COVID-19, en particular la pobreza y la desigualdad, junto con la necesidad de reforzar los sistemas de protección social.

Una transición verde que priorice el bienestar de los ciudadanos, podría ayudar a América Latina y el Caribe (ALC) a avanzar hacia un modelo de desarrollo más inclusivo y sostenible. En primer lugar, el presente capítulo describe la situación en la que se encuentra la región en materia de indicadores medioambientales. En segundo lugar, argumenta que la transición verde puede alinearse con las políticas de recuperación tras la pandemia del coronavirus (COVID-19). En tercer lugar, propone un enfoque multidimensional y sistémico para avanzar hacia una transición verde y justa, enfocándose particularmente en un modelo de desarrollo territorial sostenible y en las políticas necesarias para acelerar la transición hacia sistemas urbanos y de transporte sostenibles. Por último, el capítulo destaca los principales mensajes de políticas.

La agenda de recuperación en América Latina y el Caribe (ALC) requiere la adopción de un enfoque holístico e integrado que promueva una transición verde y justa. Este capítulo presenta tres áreas principales para avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible en ALC: energía, producción y protección social. El capítulo comienza analizando la matriz energética actual. Posteriormente examina las posibilidades que ofrecen las políticas industriales y la economía circular y azul para mejorar las estructuras productivas. Por último, analiza los posibles impactos de la transición verde en el futuro del trabajo, y el papel que pueden desempeñar los sistemas de protección social para proteger a los grupos más vulnerables durante la transición.

Para lograr la transición hacia economías de emisiones netas cero, la región de América Latina y el Caribe (ALC) debe movilizar recursos sustanciales en un espacio fiscal reducido. Para ello, la región tiene que adoptar una estrategia de financiación eficaz en la que participen los sectores público y privado. En este capítulo se analiza una política fiscal sostenible cuyo objetivo es invertir más y mejor en la transición verde, centrándose en el sector de la energía. Se proponen diferentes vías para que la región pueda movilizar más recursos, en particular a través de impuestos medioambientales, instrumentos innovadores de deuda y la eliminación progresiva de los subsidios a los combustibles fósiles (sin desatender a los más vulnerables). Se destaca la necesidad de adoptar estrategias financieras sostenibles que canalicen la inversión pública y privada hacia proyectos que reporten mayores beneficios medioambientales. Se centra en el papel que desempeñan los ministerios de hacienda y las instituciones de financiación del desarrollo (IFD) de ámbito subnacional, nacional e internacional en la movilización de recursos para la transición verde. Asimismo, se proponen estrategias para ayudar al sector público a movilizar las inversiones del sector privado hacia proyectos sostenibles. Por último, se examina la importancia de los marcos de finanzas sostenibles para desarrollar y mejorar las directrices normativas que facilitan las inversiones de los sectores público y privado.

La recuperación tras el COVID-19 brinda una oportunidad única para avanzar hacia un modelo de desarrollo más verde en ALC. Los ciudadanos de la región se muestran muy preocupados por las cuestiones medioambientales, lo cual indica que la transición hacia una economía verde debe ser el eje central de un nuevo contrato social que acerque nuevamente la sociedad a las instituciones. Hacer posible la transición verde pasa por crear nuevas instituciones y diseñar políticas que respalden a quienes se verán temporalmente afectados. Para que la transición verde sea justa, se requieren mecanismos que promuevan el diálogo inclusivo entre todas las partes interesadas, prestando especial atención a superar la compleja economía política de un programa de reformas tan amplio como este. Igualmente, importante es garantizar que las instituciones públicas puedan trabajar de forma estratégica y en estrecha colaboración, con el objetivo coherente y a largo plazo de convertir la agenda verde en la piedra angular de las estrategias de desarrollo nacionales.

La cooperación regional e internacional es necesaria para garantizar el éxito de las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático. Muchos de los países de América Latina y el Caribe (ALC) son exportadores de materias primas a la vez que cuentan con una gran biodiversidad, lo que los convierte en agentes clave en las negociaciones sobre el cambio climático. Sin embargo, la estructura de sus exportaciones está orientada a los sectores primarios, lo que los hace vulnerables ante la introducción de nuevos estándares ambientales internacionales. Este capítulo sostiene que para adoptar un modelo de desarrollo sostenible, los gobiernos de ALC necesitan de un firme poder de convocatoria y una voz común en las agendas medioambientales multilaterales. Esto contribuirá a ilustrar las características específicas de la región y a alinear mejor las políticas nacionales a los objetivos medioambientales establecidos a nivel internacional. Además, el capítulo revisa cómo los gobiernos tendrán que asumir los impactos en el comercio de la transición hacia economías más verdes. Las políticas deberán tener en cuenta los costos adicionales a mediano plazo sobre las exportaciones, además de los efectos de la introducción de nuevos estándares ambientales internacionales. El camino a seguir para avanzar hacia energías renovables y las políticas de transición verde será la coordinación regional y una mayor cooperación.