El agua es más que fuente de vida para los seres humanos: también ha desempeñado un papel central en el desarrollo económico, social y medioambiental de los países. Ante el inminente desafío del cambio climático, los gobiernos reconocen cada vez más la urgencia de asegurar una gestión sostenible de los recursos hídricos. Las políticas exitosas del agua pueden sentar un fuerte precedente para mejorar la vida de todas las personas, y en ese sentido la Agenda del Agua 2030 constituye un inicio sólido de este proceso en México. La nueva administración tiene hoy la oportunidad de convertir a México en un ejemplo a seguir en cuanto a la reforma exitosa de la gestión del agua entre los países de la OCDE y de América Latina.

En 2011, México lanzó la Agenda del Agua 2030, un ambicioso programa que en los siguientes 20 años le permitirá tener cuerpos de agua limpia, un equilibrio entre la oferta y la demanda de ésta, cobertura universal y asentamientos de población sin riesgo de inundaciones catastróficas. Este ejercicio de planeación estratégica constituye un ejemplo claro de liderazgo político por parte del gobierno de México para diseñar una visión de largo plazo en el sector. Con todo, sigue siendo un reto hacer posible la reforma de la gestión del agua, en especial porque en México la experiencia muestra la dificultad de convertir los objetivos de políticas en acciones. Si bien el país cuenta con un marco de políticas bien desarrollado para la gestión de recursos hídricos, y con diversas instituciones e instrumentos de políticas, la implementación de dichas políticas aún es desigual: los consejos de cuenca no funcionan del todo a 20 años de su creación, el marco regulatorio para los servicios de agua potable y saneamiento se encuentra atomizado entre múltiples actores y es evidente que los subsidios perjudiciales que hay en otros sectores (energía, agricultura) se contraponen a los objetivos de las políticas del agua. A fin de perfeccionar el marco de políticas de México, se requieren esfuerzos para aumentar la productividad en el sector del agua y la eficiencia de las políticas de ésta, superar los desafíos de gobernabilidad multinivel y a nivel de cuenca (sobre todo para zanjar las incongruencias entre las prioridades federales y de las cuencas), ordenar según su prioridad las necesidades de reforma y procurar una mayor coherencia de políticas con los sectores de la agricultura y la energía.

En 2011, México lanzó la Agenda del Agua 2030, un ambicioso programa que en los siguientes 20 años le permitirá tener cuerpos de agua limpia, un equilibrio entre la oferta y la demanda de ésta, cobertura universal y asentamientos de población sin riesgo de inundaciones catastróficas. Este ejercicio de planeación estratégica constituye un ejemplo claro de liderazgo político por parte del gobierno de México para diseñar una visión de largo plazo en el sector. Con todo, sigue siendo un reto hacer posible la reforma de la gestión del agua, en especial porque en México la experiencia muestra la dificultad de convertir los objetivos de políticas en acciones. Si bien el país cuenta con un marco de políticas bien desarrollado para la gestión de recursos hídricos, y con diversas instituciones e instrumentos de políticas, la implementación de dichas políticas aún es desigual: los consejos de cuenca no funcionan del todo a 20 años de su creación, el marco regulatorio para los servicios de agua potable y saneamiento se encuentra atomizado entre múltiples actores y es evidente que los subsidios perjudiciales que hay en otros sectores (energía, agricultura) se contraponen a los objetivos de las políticas del agua. A fin de perfeccionar el marco de políticas de México, se requieren esfuerzos para aumentar la productividad en el sector del agua y la eficiencia de las políticas de ésta, superar los desafíos de gobernabilidad multinivel y a nivel de cuenca (sobre todo para zanjar las incongruencias entre las prioridades federales y de las cuencas), ordenar según su prioridad las necesidades de reforma y procurar una mayor coherencia de políticas con los sectores de la agricultura y la energía.

En México se está dando un impulso excepcional a las políticas del agua más incluyentes, integrales y coherentes. La Agenda del Agua 2030, adoptada en 2011, plantea una visión estratégica para el sector del agua en México mediante reformas que constituyen un desafío y que requieren análisis y diagnósticos profundos de los factores que fomentarán u obstaculizarán su implementación, así como de las medidas que probablemente contribuirán a superarlos. La agenda también destaca cómo beneficiarían esos factores al sector del agua.

El capítulo 1 evalúa las brechas de gobernabilidad multinivel clave que se han identificado en el sector del agua en México y las buenas prácticas para administrar mejor las interdependencias entre múltiples actores, a fin de hacer posible en la práctica la reforma de la gestión del agua. Traza un mapeo institucional de quién hace qué en el diseño de políticas, regulación y financiamiento del agua; pone especial énfasis en los desafíos asociados a la fragmentación institucional y territorial, y señala áreas de mejora con base en las buenas prácticas que se realizan entre órdenes de gobierno, así como en otros países miembros y no miembros de la OCDE.

Este capítulo se ocupa del papel de los organismos, consejos y órganos auxiliares de cuenca como medios para implementar la reforma del agua. Examina el estado actual de la gestión integrada de recursos hídricos en México, los logros observados desde la descentralización de la gestión de recursos hídricos en 1992 y los restantes desafíos institucionales y de capacidad de las diferentes autoridades de cuenca.

Este capítulo aborda la eficiencia económica y la sustentabilidad financiera de las políticas del agua en México. Presenta una relación de los instrumentos económicos existentes que están en marcha para gestionar los recursos hídricos; debate en torno a las fallas en el diseño de los instrumentos que restringen su contribución a los objetivos de las políticas del agua, y recomienda formas de proceder a través de medidas que pueden facilitar la reforma.

Las responsabilidades de suministro de agua y saneamiento están atomizadas entre diferentes órdenes de gobierno e instrumentos legales. Además, el sector presenta una alta rotación de funcionarios y directores locales, así como importantes intromisiones políticas locales, lo cual afecta el desempeño de los proveedores de servicios. El presente capítulo busca esclarecer las atribuciones que tienen las funciones regulatorias en el sector de servicios de agua en México, y debate en torno a cómo enriquecer la asignación de funciones, herramientas e incentivos regulatorios clave para que los resultados de políticas sean mejores.

Con base en el trabajo anterior de la OCDE sobre Hacer posible la reforma y las conclusiones clave de este informe, este capítulo sugiere un plan tentativo de implementación para apoyar la reforma del agua en México en el corto plazo. Propone medidas prácticas por considerar en el desarrollo del Plan de Acción de gobierno entero y sistémico, sugiere posibles indicadores para vigilar y controlar los avances en la implementación de la reforma, y destaca las buenas prácticas en los países miembros y no miembros de la OCDE que podrían servir para el aprendizaje de pares. Se incluyen referencias cruzadas a las iniciativas y acciones de la Agenda del Agua 2030 dirigidas a temas señalados en el plan de implementación.